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Por ello, el Corredor Público está facultado para actuar como árbitro. El arbitraje se define como un mecanismo para resolver controversias mediante la intervención de un árbitro elegido por las partes, quien después de escuchar a las partes y de un brevísimo procedimiento, dicta un laudo con fuerza de sentencia judicial, que es obligatorio para las partes y que es un título ejecutivo que se puede ejecutar en la vía Judicial.

Esta modalidad de los medios alternos para la solución de conflictos es pactada generalmente desde que se firma el contrato y es utilizada cada vez más por empresas públicas y privadas, pues representa un mecanismo sencillo y rápido para resolver los conflictos que surgen entre los comerciantes y sus proveedores o clientes, y está contemplado incluso por la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Derechos de Autor, por ejemplo.


En el mundo del comercio y los empresarios los pleitos judiciales pueden llegar a ser considerados un dolor de cabeza, no solamente por la natural contrariedad que ocasiona en una persona un conflicto jurídico, sino por los efectos que conlleva: gastos en honorarios para el abogado que litiga el asunto, el exceso de tiempo que toma alcanzar una sentencia y la posibilidad real de que el resultado obtenido realmente no sea el esperado, mucho menos el deseado.

Arbitraje